La nueva resolución actualiza las reglas de actuación de las fuerzas federales en el ciberespacio, prohíbe el tratamiento de datos sensibles de menores sin autorización judicial y establece excepciones para situaciones de riesgo inminente.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales para la investigación de delitos informáticos y amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos difundidas a través de redes sociales.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y responde al crecimiento de los ciberdelitos y de los casos de amenazas contra escuelas detectadas en plataformas digitales.
La nueva normativa establece que el personal policial deberá respetar las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y prohíbe expresamente el tratamiento de datos sensibles y de publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes sin la correspondiente autorización judicial.
Además, dispone que cuando exista certeza o presunción de que una tarea de prevención policial en el ciberespacio involucra a un menor de edad, deberá suspenderse de inmediato y dejar constancia en el registro correspondiente, informando a la autoridad responsable.
No obstante, la resolución contempla excepciones para los casos en que exista riesgo para la vida del menor, indicios de desaparición, desamparo, conductas autolesivas o suicidas, cuando el menor sea presunta víctima de un delito cometido en tiempo real a través de internet o cuando existan indicios fundados de amenazas o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios públicos.
En todos esos supuestos, las fuerzas de seguridad deberán dejar constancia detallada de los motivos que justificaron la continuidad de la intervención y comunicar de manera inmediata la situación a la autoridad competente.
