Enrique Pérez Decontardi anunció que llevará a la Justicia la participación de Daniel Arce en la votación que prorrogó por 18 meses la concesión de Terminal Quequén S.A. El cuestionamiento se centra en que Arce integra el Directorio del Consorcio y, al mismo tiempo, se desempeña como director ejecutivo de la empresa concesionaria.

Una nueva denuncia pública vuelve a poner el foco sobre la situación de Daniel Arce dentro del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y su relación con Terminal Quequén S.A.

A través de una solicitada, el productor independiente Enrique Pérez Decontardi anunció que presentará ante la Justicia una presunta incompatibilidad vinculada con la votación mediante la cual se resolvió prorrogar por 18 meses la concesión de Terminal Quequén.

El punto central del planteo es la participación de Arce en aquella decisión.

Según sostiene Pérez Decontardi, Arce habría emitido un voto determinante para aprobar la prórroga mientras se desempeña simultáneamente como director ejecutivo de Terminal Quequén S.A., la empresa directamente alcanzada por la resolución.

La denuncia plantea que esa doble condición debe ser analizada para determinar si resultaba compatible que participara de una decisión del Consorcio que afectaba directamente a la compañía de la que forma parte de su conducción ejecutiva.

También cuestionan su posible continuidad

La controversia se produce además en momentos en que se aproxima una renovación de autoridades dentro del Consorcio.

Según afirma la solicitada, existen versiones que indican que Arce renovaría su mandato como director durante el próximo período.

La eventual continuidad todavía deberá confirmarse, pero Pérez Decontardi reclamó que la situación sea aclarada públicamente.

“De confirmarse esta situación, corresponde preguntarse si resulta compatible participar de decisiones que afectan directamente a una empresa con la cual se mantiene, simultáneamente, una relación ejecutiva”, expresó.

Y lanzó una fuerte pregunta sobre el funcionamiento institucional del puerto: “¿Qué nos pasa? ¿Vale todo?”.

El planteo vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos destinados a garantizar la independencia de quienes integran el Directorio y evitar posibles conflictos de intereses en decisiones que involucran a empresas directamente relacionadas con alguno de sus miembros.

“Puerto Quequén es demasiado importante para nuestra comunidad como para que existan dudas sobre la transparencia, la independencia y los posibles conflictos de intereses de quienes participan en sus decisiones”, sostuvo Pérez Decontardi.

La presentación ante la Justicia fue anunciada, pero en la información difundida no se indica que ya haya sido formalmente radicada.

“La sociedad merece explicaciones claras”, concluye la solicitada.