El intendente interino decidió mantener un perfil bajo tras una semana marcada por tres crímenes que conmocionaron a la ciudad. Mientras crece el reclamo vecinal, el gobierno bonaerense cuestiona la política municipal y se anuncian cambios en el despliegue policial, nuevos patrulleros y la posible llegada de más fuerzas federales.
La crisis de seguridad que atraviesa Mar del Plata abrió una fuerte discusión política entre el gobierno municipal y la provincia de Buenos Aires, luego de una semana atravesada por el femicidio de Mailén Antonich y los homicidios del ferretero Ricardo Ruiz y del chofer de Uber Alberto Rodríguez.
En medio de la conmoción y del creciente reclamo de los vecinos, el intendente interino Agustín Neme decidió evitar una confrontación pública con la administración de Axel Kicillof.
“No es cómodo no salir a decir nada. Pero solo lo voy a hacer cuando tenga algo que anunciar. No cuenten conmigo para la pelea”, es la posición que sostiene el jefe comunal, según publicó el diario La Capital de Mar del Plata.
La decisión responde a un compromiso político que Neme asegura haber asumido con funcionarios bonaerenses: “No voy a hacer política con esto. Espero que tampoco la hagan conmigo”.
Sin embargo, la tregua parece estar lejos de consolidarse.
Provincia apunta contra el municipio
Desde el gobierno bonaerense volvieron a cuestionar la participación del municipio en las políticas preventivas.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya había asegurado que Mar del Plata era el único distrito que no había presentado su programa de seguridad. Más recientemente, el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio, habló de un supuesto “abandono estructural” del municipio en materia de prevención del delito.
Aparicio también puso bajo discusión la utilización de los recursos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento de Seguridad.
Las declaraciones se produjeron mientras crecía el reclamo social y después de que el referente de Axel Kicillof en Mar del Plata, Gustavo Pulti, reclamara coordinación entre las distintas jurisdicciones y pidiera evitar que la crisis se transforme en un “circo mediático”.
En medio de esa tensión se produjo además la renuncia de Gastón Herrera, quien funcionaba como enlace entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio.
La discusión por los fondos
Desde la administración municipal rechazaron las acusaciones provinciales y dieron detalles sobre el destino de los recursos enviados para seguridad.
La Provincia transfirió 3.080 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, divididos en tres desembolsos cercanos a los 1.000 millones.
El primero llegó en abril de 2025, el segundo en octubre y el tercero en febrero de este año.
Según la información municipal, las primeras dos partidas ya fueron rendidas, mientras permanece pendiente la rendición de la tercera.
El plan de inversiones acordado con la Provincia establecía que aproximadamente el 65 por ciento de esos fondos sería destinado a la adquisición de patrulleros.
Los primeros 11 móviles fueron entregados durante 2025 y el pasado 28 de mayo se concretó la compra de otras 12 camionetas. Esos vehículos, cuya llegada se había demorado, ya se encuentran en Mar del Plata y serán entregados a la Policía.
“La rendición se realizará terminado el proceso, lo cual ya fue conversado con Provincia”, explicaron desde el municipio.
Paralelamente, la comuna compró otras cinco camionetas destinadas a la Patrulla Municipal, que podrían comenzar a operar durante los próximos días.
Cambios en el patrullaje
La presión social también derivó en modificaciones en el esquema policial.
El jefe departamental Cristian Fontana continuará en su cargo, pero se implementarán cambios operativos destinados a aumentar la presencia policial en las calles.
El Comando de Patrullas volverá a dividirse entre las zonas Norte y Sur con el objetivo de optimizar la distribución de efectivos y móviles y mejorar la cobertura de las 63 cuadrículas del partido.
También se prevé reforzar el patrullaje con efectivos de la UTOI, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo de Policía Motorizada, Caballería e Infantería.
A ello se suma la presencia de Prefectura Naval en los barrios San Martín, Centenario y Libertad, además de Plaza Rocha.
Según información municipal citada por La Capital, actualmente habría unos 270 prefectos destinados a tareas preventivas y existe el compromiso de incorporar entre 150 y 200 efectivos adicionales durante septiembre.
El debate por las cámaras y los lectores de patentes
Otro punto de discusión entre Provincia y municipio está relacionado con la infraestructura tecnológica destinada a prevención.
Frente a afirmaciones de funcionarios bonaerenses sobre la existencia de un único lector de patentes, desde el municipio aseguraron que Mar del Plata cuenta con 51 dispositivos, que integran desde hace años un anillo digital.
La oposición local, de todos modos, viene reclamando incrementar esa cantidad y acelerar las inversiones destinadas a seguridad.
La crisis también atraviesa al oficialismo
La discusión no se limita al enfrentamiento entre el municipio y la Provincia.
La diputada provincial Sofía Pomponio, vinculada políticamente al funcionario nacional Gustavo Jara, reclamó la renuncia del secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez.
El planteo introduce diferencias dentro del propio espacio político que gobierna Mar del Plata, donde habitualmente los cuestionamientos por la inseguridad se concentran sobre la administración bonaerense por tratarse de la jurisdicción responsable de la Policía provincial.
Mientras tanto, tanto Goncálvez como el intendente en uso de licencia y actual senador provincial Guillermo Montenegro mantuvieron silencio público durante los últimos días.
Buscan reactivar una mesa de coordinación
El impacto de los últimos crímenes también llegó al Concejo Deliberante.
La Comisión de Seguridad retomó un expediente presentado hace dos años para crear una Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad.
La iniciativa había sido impulsada por el concejal de Unión por la Patria Diego García y busca reunir periódicamente a los principales actores vinculados con la seguridad: autoridades municipales, Ministerio de Seguridad bonaerense, Policía, fuerzas federales y representantes judiciales.
El bloque del PRO ahora estaría dispuesto a permitir el avance del proyecto, aunque pretende modificar tanto su denominación como parte de su contenido.
La discusión institucional aparece en medio de una crisis que excedió rápidamente las diferencias partidarias. Tres homicidios en pocos días, una movilización de vecinos y los cruces entre Provincia y municipio volvieron a colocar la inseguridad entre las principales preocupaciones de Mar del Plata.
Mientras Neme apuesta a evitar la confrontación pública, la respuesta inmediata comenzará a medirse en las calles: nuevos patrulleros, modificaciones en el despliegue policial, refuerzos de fuerzas especiales y la expectativa de una mayor presencia de efectivos federales.
