Mientras la discusión pública se concentra en la eliminación de las PASO y en el debate por Ficha Limpia, el proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei incluye cambios mucho más profundos sobre el sistema político argentino.
El Gobierno nacional presenta la iniciativa como una medida de austeridad para reducir el gasto electoral. Desde La Libertad Avanza sostienen que las primarias representan “un costo innecesario” para el Estado y buscan convertirlas en internas no abiertas, no simultáneas y no obligatorias.
Sin embargo, detrás de ese eje visible aparece una reforma estructural del financiamiento de las campañas, con menos aportes estatales, mayores márgenes para el dinero privado y una reducción de controles sobre los gastos electorales.
En la Casa Rosada comparan la estrategia con lo ocurrido en otros debates legislativos. “Creemos que va a pasar lo mismo que con la reforma laboral”, deslizaron en despachos oficiales, en referencia a concentrar la discusión en uno o dos temas mientras el resto del articulado avanza con menor visibilidad pública.
Las negociaciones involucran a La Libertad Avanza, el PRO y sectores dialoguistas del radicalismo. El ministro del Interior, Diego Santilli, intenta tender puentes con gobernadores para destrabar el tratamiento, mientras el oficialismo insiste en ordenar el debate bajo criterios fiscales.
Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de aportes estatales para campañas. Actualmente, el Estado financia parcialmente la competencia electoral y distribuye espacios gratuitos de publicidad audiovisual para garantizar cierto equilibrio entre fuerzas grandes y pequeñas.
El proyecto oficial elimina esos mecanismos y deja a los partidos mucho más dependientes de su capacidad de conseguir financiamiento privado.
A la vez, la iniciativa eleva de manera drástica el límite permitido para donaciones privadas: del equivalente al 2% del gasto total de campaña a un tope del 35%. En la práctica, eso podría multiplicar el peso político de grandes aportantes, empresas o grupos económicos con capacidad de financiar campañas de alto impacto.
Otro aspecto que genera preocupación es la incorporación de gastos electorales realizados por terceros supuestamente “independientes” de los partidos. La figura se asemeja a los Super PAC estadounidenses, organizaciones privadas capaces de invertir cifras millonarias para instalar candidatos o atacar adversarios sin integrarse formalmente a una campaña.
Según advierten críticos de la reforma, ese esquema podría abrir la puerta a campañas paralelas financiadas por sectores privados con escasa transparencia y menor control judicial.
La reforma también flexibiliza reglas de publicidad electoral. Se eliminan restricciones para pautar en medios y plataformas digitales, incluso en períodos cercanos a la veda, y se reducen limitaciones para publicar encuestas y bocas de urna.
Entre los puntos llamativos aparece además la eliminación del debate presidencial obligatorio y la prohibición para que los partidos contraten consultores extranjeros.
En el Congreso, algunos legisladores interpretan esos artículos como una reacción directa a experiencias recientes de campaña: el debate entre Milei y Sergio Massa, y el asesoramiento del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí a Jorge Macri.
Por ahora, el debate político sigue girando alrededor de las PASO y Ficha Limpia, pero el contenido de fondo es más amplio: el rediseño de las reglas electorales, el financiamiento de los partidos y el peso del poder económico en las campañas.
La discusión que se viene no solo definirá si continúan o no las primarias, sino también quiénes podrán financiar la política, cuánto control tendrá la Justicia Electoral y bajo qué condiciones competirán los partidos en las próximas elecciones.
