CONINAGRO y la Federación Agraria Argentina cuestionaron los proyectos que buscan gravar los excedentes de las cooperativas y flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La agenda legislativa que analiza el Congreso de la Nación generó una fuerte reacción entre las principales entidades del sector agroindustrial, que reclamaron preservar el régimen tributario del cooperativismo y mantener controles sobre la propiedad de la tierra.
El Consejo de Administración de CONINAGRO y el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina (FAA) fijaron posición frente a las iniciativas que podrían modificar el tratamiento impositivo de las cooperativas, la Ley de Tierras Rurales, la regulación de los arrendamientos y el financiamiento de distintos organismos de promoción.
Uno de los principales puntos de conflicto es la posibilidad de aplicar el impuesto a las Ganancias sobre los excedentes de las cooperativas.
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, sostuvo que una modificación de ese tipo alteraría la naturaleza del sistema cooperativo.
“Sería un error cambiar la naturaleza de las cooperativas. Ellas, en cabeza de los dueños, son quienes tributan, por lo tanto ya pagan Ganancias”, afirmó.
La Federación Agraria Argentina también rechazó cualquier intento de gravar los excedentes cooperativos. La entidad remarcó que estas organizaciones no persiguen fines de lucro, sino que prestan servicios a sus asociados, impulsan las economías locales y favorecen el arraigo en las comunidades del interior.
Según plantearon, un aumento de la presión fiscal reduciría la capacidad de las cooperativas para asistir a pequeños y medianos productores.
Durante una reunión de CONINAGRO, el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni defendió el régimen diferencial del sector.
“Considero que el sistema cooperativo ha sido el primer RIGI de la historia argentina, y creo que ese es un muy buen ejemplo de todo lo que pudieron progresar gracias a tener algún diferencial en materia impositiva”, expresó.
El legislador sostuvo además que el programa económico del Gobierno nacional apunta a generar crecimiento para reducir progresivamente los impuestos en toda la economía.
La discusión sobre la Ley de Tierras Rurales, cuyo tratamiento fue postergado, también generó diferencias dentro del sector.
Paoltroni respaldó los proyectos destinados a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, agilizar desalojos y flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La Federación Agraria Argentina, en cambio, manifestó una “profunda preocupación” ante la posibilidad de eliminar los topes vigentes sin analizar las consecuencias sobre los recursos naturales estratégicos.
“El verdadero debate es cómo preservamos la soberanía sobre recursos como la tierra, el agua y otros bienes esenciales. Promover inversiones productivas es muy distinto a favorecer la extranjerización sin límites ni controles”, sostuvo la entidad.
La organización reclamó mantener al Estado como autoridad de control y preservar la Ley de Arrendamientos Rurales mediante una reforma integral que otorgue previsibilidad a los arrendatarios y pequeños productores, en lugar de avanzar con su derogación.
El posicionamiento de la Federación Agraria Argentina incluyó además la defensa del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
La entidad destacó que ambos organismos articulan políticas entre el sector público y el privado para abrir mercados externos y promover las economías regionales sin representar un gasto para el Tesoro Nacional.
En relación con la actualización de la Ley de Semillas, la organización ratificó su respaldo al convenio UPOV 78 y exigió que cualquier modificación respete el derecho de los productores al uso propio de las semillas.
El planteo busca mantener un equilibrio entre la innovación biotecnológica, la protección de la propiedad intelectual y la defensa de los agricultores frente a posibles posiciones dominantes dentro del mercado de insumos.
