La Provincia fijó por laudo una suba del 16 por ciento en las tarifas de referencia para el transporte de granos después de fracasar la negociación entre transportistas y entidades agropecuarias. CONINAGRO, CARBAP y los acopiadores cuestionaron la decisión y volvieron a poner como antecedente el conflicto que paralizó Puerto Quequén durante más de dos semanas.

La decisión del Gobierno bonaerense de establecer un aumento del 16 por ciento en las tarifas de referencia para el transporte de granos abrió un fuerte conflicto con las entidades agropecuarias, que advierten que la intervención provincial puede terminar debilitando el ámbito institucional creado precisamente para negociar esos valores.

CONINAGRO, CARBAP y el Centro de Acopiadores de Cereales rechazaron el laudo después de una nueva reunión de la Comisión Asesora del Transporte de Cargas que terminó sin acuerdo entre quienes contratan los fletes y las organizaciones de transportistas.

El punto más cuestionado es que la Provincia terminó fijando un incremento incluso superior al 15 por ciento que las entidades del transporte estaban dispuestas a aceptar durante la negociación.

“Fijar un valor por encima de la pretensión del transporte para prevenir medidas de fuerza no evita el conflicto: lo convalida”, sostuvieron las entidades rurales.

Del 8,3 al 16 por ciento

Las diferencias entre las partes fueron importantes.

CARBAP, CONINAGRO y los acopiadores comenzaron proponiendo una actualización del 8,3 por ciento, calculada sobre la evolución de los costos.

CONINAGRO sostuvo que, incorporando octubre al período analizado, el incremento podía aproximarse al 9 por ciento. Posteriormente, CARBAP llevó una propuesta intermedia del 11,5 por ciento para intentar alcanzar un acuerdo.

Las organizaciones de transportistas FATRAC, ATCADE y FETRA plantearon una recomposición del 15 por ciento.

Sin consenso, el director provincial de Transporte de Cargas, Miguel Betilli, comunicó finalmente que el Ministerio establecería por laudo una actualización del 16 por ciento, calculada sobre la tarifa vigente y la evolución de costos entre abril y octubre.

Desde la Provincia argumentaron que los estudios presentados por los transportistas mostraban incrementos de costos de entre 19,5 y 21 por ciento y que la aceptación del 15 por ciento constituía una propuesta para intentar cerrar el conflicto.

Puerto Quequén volvió al centro de la discusión

La negociación tuvo un antecedente especialmente sensible para Necochea: el prolongado conflicto de transportistas que paralizó Puerto Quequén en abril.

Durante más de dos semanas, las protestas y bloqueos afectaron el ingreso de camiones y la operatoria portuaria, provocaron demoras en los embarques y obligaron a una intervención del Gobierno provincial.

Aquella negociación terminó con una actualización del 16 por ciento para el ámbito de Puerto Quequén, pero dejó una discusión abierta sobre el mecanismo utilizado para alcanzar el acuerdo.

CARBAP volvió ahora sobre ese episodio y cuestionó que se habiliten negociaciones por fuera de la Comisión Asesora del Transporte de Cargas.

La entidad advirtió que, si ese mecanismo vuelve a repetirse, podría dejar de participar de la mesa.

ATCADE defendió, en cambio, la negociación realizada en Necochea y sostuvo que los valores discutidos inicialmente no reflejaban adecuadamente los costos de los transportistas.

Una advertencia sobre futuras medidas de fuerza

El Gobierno provincial justificó su intervención en la necesidad de evitar que la falta de acuerdo derive nuevamente en protestas capaces de afectar el traslado de la producción.

Ese argumento fue precisamente uno de los puntos más cuestionados por las entidades rurales.

“La presión ofrece mejores resultados que la concertación”, advirtieron CONINAGRO, CARBAP y los acopiadores al considerar que el mecanismo puede incentivar futuros conflictos en lugar de fortalecer la negociación institucional.

También cuestionaron que el Estado pase de actuar como mediador a establecer unilateralmente un valor superior al último planteado por los transportistas.

Las entidades recordaron además que las tarifas son de referencia y no precios obligatorios, por lo que los valores efectivos de los fletes continúan sujetos a la negociación entre quienes contratan y prestan el servicio.

El nuevo enfrentamiento vuelve a adquirir particular importancia para Puerto Quequén, donde el transporte automotor constituye una pieza central para el ingreso de granos y donde el conflicto de abril mostró hasta qué punto una disputa tarifaria puede terminar afectando toda la cadena portuaria.