Andrea Sarnari reivindicó la posición que la entidad sostuvo durante el conflicto por la Resolución 125 y pidió derogar el artículo 755 del Código Aduanero. El planteo llegó después de que quedara firme un fallo favorable a Louis Dreyfus que cuestionó aumentos de derechos de exportación dispuestos sin parámetros legislativos suficientes.

“La Justicia nos vuelve a dar la razón”. Con esa definición, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, volvió sobre uno de los reclamos históricos del sector agropecuario: que las retenciones sean establecidas por el Congreso y no puedan modificarse discrecionalmente mediante decisiones del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento llegó después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de la Aduana y dejara firme una sentencia favorable a Louis Dreyfus Company (LDC) por derechos de exportación cobrados durante 2007 y 2008.

Para Federación Agraria, la resolución reactualiza una discusión que tuvo su punto más conflictivo durante la denominada Resolución 125 de 2008.

Sarnari sostuvo que la oposición de la entidad y de la Mesa de Enlace a aquel esquema de retenciones móviles no estuvo basada solamente en el nivel de las alícuotas.

“Cuando desde la Federación Agraria y la Mesa de Enlace nos opusimos a la 125, no luchábamos solamente contra alícuotas exorbitantes, sino también por la defensa de las instituciones: los impuestos deben establecerse por ley del Congreso, no por decisiones discrecionales de un gobierno”, afirmó.

Federación Agraria apunta al artículo 755

La entidad reclama ahora que el Congreso avance directamente sobre una de las normas que estuvo durante años en el centro de esa discusión: el artículo 755 del Código Aduanero.

Ese artículo faculta al Poder Ejecutivo, bajo determinadas condiciones y finalidades, a aplicar, eliminar o modificar derechos de exportación.

Federación Agraria considera que esa herramienta expone a los productores a modificaciones tributarias decididas por el Ejecutivo y genera una incertidumbre que termina trasladándose a las decisiones productivas.

“No puede ser que los productores, especialmente los pequeños y medianos, estén expuestos a cambios tributarios de un día para otro, ni que deban transcurrir décadas de juicios para que se respeten principios constitucionales básicos”, planteó Sarnari.

La presidenta de FAA sostuvo que la derogación permitiría cerrar una fuente permanente de conflictos judiciales.

“Derogar el artículo 755 permitiría eliminar una de las principales fuentes de controversia jurídica en esta materia”, afirmó.

Y resumió la posición de la entidad: “Las retenciones y cualquier otro impuesto deben discutirse y definirse en el Congreso de la Nación, mediante una ley, y no discrecionalmente por el Poder Ejecutivo”.

El fallo que reabrió la discusión

El planteo surgió a partir de una causa iniciada por Louis Dreyfus por derechos de exportación aplicados durante 2007 y 2008.

En mayo de 2025, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inválidas varias resoluciones ministeriales utilizadas para modificar las alícuotas y ordenó devolver a la cerealera las diferencias cobradas, con intereses.

El punto central de aquella sentencia resulta particularmente importante para comprender el reclamo actual de Federación Agraria.

La Cámara no declaró inconstitucional el artículo 755.

Consideró, en cambio, que la norma resultaba insuficiente por sí sola para respaldar los incrementos cuestionados porque no establecía una escala, un piso, un techo ni otros parámetros concretos que delimitaran la facultad del Ejecutivo para determinar las alícuotas.

Para los jueces, los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria y, por lo tanto, se encuentran alcanzados por el principio de reserva de ley.

Tampoco se verificó una ratificación legislativa posterior de las resoluciones cuestionadas que permitiera subsanar esa situación.

Qué hizo ahora la Corte

La intervención de la Corte Suprema tuvo un alcance procesal que resulta necesario distinguir.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial el recurso extraordinario presentado por la Dirección General de Aduanas.

De esa manera, la Corte no dictó un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la discusión ni declaró por sí misma inválidas las retenciones.

Al no revisar la sentencia, permitió que quedara firme lo resuelto por la Cámara.

Esa diferencia no modifica el resultado concreto para Louis Dreyfus: el Estado deberá cumplir con la devolución establecida judicialmente.

El monto todavía deberá calcularse en el Tribunal Fiscal de la Nación para cada una de las operaciones alcanzadas.

En el caso del trigo, la liquidación contemplará la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido abonar con una alícuota del 20 por ciento, más los intereses correspondientes.

El antecedente de Camaronera Patagónica

Sarnari vinculó la decisión con otro antecedente relevante: el caso “Camaronera Patagónica”, resuelto por la Corte Suprema en 2014.

Para la dirigente rural, existe una continuidad entre aquel precedente, la discusión de 2008 y la sentencia que ahora quedó firme.

“La Corte ya había sentado este principio en 2014, en el caso Camaronera Patagónica, y hoy queda firme una nueva sentencia que aplica ese mismo criterio. Es una reivindicación de aquella lucha histórica de los productores agropecuarios”, sostuvo.

La interpretación de FAA es que la discusión excede cualquier gobierno particular.

El planteo apunta a impedir que cualquier administración nacional, independientemente de su signo político, pueda utilizar facultades delegadas para alterar unilateralmente la carga tributaria sobre las exportaciones.

Los exportadores también celebraron la decisión

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, también valoró que haya quedado firme la sentencia.

Según sostuvo, la decisión “brinda seguridad jurídica” y consolida un antecedente respecto de la intervención que debe tener el Congreso en materia de derechos de exportación.

La posición del sector exportador coincide así con Federación Agraria en un punto central: la necesidad de establecer límites claros a la capacidad del Ejecutivo para modificar las retenciones.

Sin embargo, FAA avanza un paso adicional al reclamar directamente la derogación del artículo 755.

De la Resolución 125 a una discusión que sigue abierta

El conflicto de 2008 convirtió a las retenciones en uno de los mayores enfrentamientos políticos entre el campo y un gobierno nacional desde el regreso de la democracia.

Casi dos décadas después, Federación Agraria considera que la discusión institucional que acompañó aquel conflicto continúa sin resolverse definitivamente.

Para la entidad, el problema no consiste solamente en determinar si una alícuota es alta o baja, sino en establecer quién tiene la facultad constitucional para fijarla.

Por eso, Sarnari utiliza el caso Dreyfus para volver sobre aquella discusión y trasladarla ahora al Congreso.

La propuesta de FAA es concreta: eliminar del Código Aduanero la herramienta utilizada históricamente para delegar en el Ejecutivo la modificación de los derechos de exportación y obligar a que cualquier cambio futuro pase por el Poder Legislativo.

“La Justicia nos vuelve a dar la razón”, sostiene Federación Agraria. Y dieciocho años después de la Resolución 125, busca transformar esa reivindicación en una reforma legal que cierre definitivamente la discusión sobre quién puede modificar las retenciones.