El recorte en la cobertura de medicamentos del PAMI volvió a quedar en el centro de la preocupación por el impacto directo sobre los jubilados, luego de que el Gobierno nacional reconociera ante el Congreso que alrededor de 2,2 millones de afiliados ya no acceden de manera automática al subsidio social que garantizaba la cobertura plena de remedios.
La situación afecta especialmente a quienes venían utilizando medicamentos en forma habitual. Según la información oficial, de ese universo, aproximadamente 1,6 millones de afiliados consumían regularmente esos tratamientos y ahora deben enfrentar descuentos parciales, trámites de excepción o directamente afrontar de su bolsillo parte del costo.
El caso de Graciela, de 78 años, resume el deterioro que atraviesan muchos adultos mayores. Cuando la cobertura de su medicación cayó del 100% al 50%, primero empezó a suspender tomas, luego intentó comprar en cuotas y finalmente tuvo que dejar de consumirla.
Desde el Gobierno justifican el cambio en la necesidad de “garantizar la sostenibilidad del sistema”, pero especialistas y representantes de jubilados advierten que la medida trasladó el problema financiero directamente sobre los afiliados.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, fue contundente al describir la situación. “Es un gran caos y una gran mentira. El gran mentiroso es PAMI, siempre”, afirmó.
Según explicó, no existe un número fijo para medir cuántos jubilados necesitan realmente esos medicamentos, porque muchos tratamientos varían con el tiempo. “Se trata de un universo móvil, no hay un número estático sobre cómo evoluciona”, señaló.
El conflicto también tiene un fuerte componente judicial. Diversas causas fueron iniciadas para exigir la restitución de la cobertura del 100%, especialmente del programa Vivir Mejor, que garantizaba el acceso automático a medicamentos esenciales.
Uno de los querellantes por APDH, Carlos Vicente, recordó que una cautelar vigente obliga al PAMI a restituir ese programa a nivel nacional. Sin embargo, aseguró que la obra social no está cumpliendo.
“El programa Vivir Mejor no se ha vuelto a poner en vigencia, y eso es lo que no cumple PAMI”, sostuvo.
Para Vicente, la resolución aprobada en febrero no resuelve el problema de fondo ni alcanza al conjunto de los reclamos judiciales. “Es una maniobra clara para confundir y para no cumplir”, afirmó.
En la misma línea, Semino consideró que el comportamiento del organismo sigue siendo errático y que no hay cumplimiento efectivo de las cautelares. Mientras tanto, muchos jubilados intentan resolver su situación de manera individual o directamente abandonan los tratamientos por falta de recursos.
El Gobierno sostuvo ante el Congreso que quienes perdieron la cobertura plena siguen recibiendo descuentos de entre el 50% y el 80%. También afirmó que para la mayoría de los afiliados el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos previsionales mínimos.
Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad estima un escenario muy distinto: los medicamentos representarían cerca del 27,5% de la canasta de un jubilado, lo que equivale a unos 500 mil pesos, un monto incluso superior a la jubilación mínima con bono incluido.
A esto se suma que el bono previsional de 70 mil pesos permanece congelado y perdió buena parte de su poder adquisitivo real durante los últimos dos años.
El deterioro del acceso a medicamentos también abrió otro fenómeno: el crecimiento de los amparos judiciales individuales. Quienes tienen recursos o asesoramiento legal recurren a la Justicia para obtener coberturas, mientras que los sectores más vulnerables quedan atrapados entre trámites, rechazos y costos imposibles de afrontar.
El problema excede el precio de los remedios. Para miles de adultos mayores, la reducción de la cobertura implica interrumpir tratamientos, espaciar dosis, endeudarse o elegir entre comprar medicamentos, pagar servicios o alimentarse.
La discusión por el PAMI vuelve así a exponer una tensión central del ajuste: la sostenibilidad financiera del sistema frente al derecho concreto de los jubilados a acceder a tratamientos que, en muchos casos, son indispensables para vivir.
