El petrolero VS Promise fue autorizado a operar en el Puerto de Ushuaia, actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Tierra del Fuego calificó la decisión como “inadmisible” y reclamó explicaciones al Gobierno de Javier Milei por sus implicancias en la cuestión Malvinas.
La autorización para que el VS Promise, un buque petrolero de bandera británica, amarre y opere en el Puerto de Ushuaia abrió una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego.
La Provincia cuestionó especialmente que la decisión haya sido adoptada mientras la terminal permanece intervenida por la Nación, medida que había sido fundamentada, entre otros argumentos, en el carácter estratégico del puerto para los intereses argentinos en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó el Ejecutivo fueguino, que reclamó conocer los criterios políticos y administrativos utilizados para autorizar la operación.
Tierra del Fuego también recordó la vigencia de la Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para determinados buques británicos vinculados con actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas. Además, volvió a exigir el fin de la intervención nacional y la restitución de la administración portuaria a la Provincia.
Trabajadores del puerto se sumaron a los cuestionamientos y denunciaron falta de información y transparencia sobre las decisiones de los interventores.
La controversia se produce pocas semanas después del tránsito del HMS Medway, patrullero de la Royal Navy destinado en Malvinas, episodio por el cual el propio Gobierno argentino presentó una protesta diplomática ante el Reino Unido.
El nuevo caso vuelve así a colocar en discusión la política nacional sobre Malvinas y la administración de uno de los puertos estratégicamente más sensibles de la Argentina.
