El presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo, sostuvo que la prórroga de la concesión de Terminal Quequén S.A. responde a cuestiones técnicas derivadas del derrumbe de un silo ocurrido en enero y afirmó que la integración del directorio está prevista por la ley, por lo que rechazó los cuestionamientos sobre presuntos conflictos de intereses.
Carrillo explicó que el derrumbe de un silo obligó a revisar los pliegos de la futura licitación para incorporar obras urgentes y de mediano plazo, lo que modificó la ecuación económica del proyecto y derivó en una nueva extensión de la concesión vigente.
“No es saludable hacer prórrogas, pero el derrumbe del silo obligó a revisar los pliegos porque ahora hay obras urgentes que no pueden esperar al próximo concesionario”, señaló.
El titular del ente portuario indicó además que la elaboración de un nuevo pliego internacional demanda varios meses y recordó que, por su condición de presidente interino, debe elevar las propuestas a consideración del Gobierno bonaerense antes de avanzar con su aprobación.
“No puedo gestionar esa aprobación sin la intervención de la Provincia porque soy un presidente provisorio elegido por el directorio y no designado por el gobernador”, explicó.
En relación con las críticas sobre la integración del directorio y las incompatibilidades planteadas por distintos sectores, Carrillo aseguró que la presencia de representantes de empresas y cámaras portuarias responde al esquema previsto por la Ley 11.414, que regula el funcionamiento de los consorcios de gestión portuaria bonaerenses.
“La propia ley establece un directorio plural integrado por representantes de los distintos sectores del quehacer portuario. Solo dos directores son funcionarios públicos y los restantes pertenecen a cámaras empresariales y de servicios. Esa integración está prevista por la norma”, afirmó.
De esa manera, el presidente del Consorcio rechazó que la participación de directores vinculados a la actividad privada constituya, por sí misma, una incompatibilidad para intervenir en las decisiones del organismo y desetim{o las numerosas denuncias sobre incompatibilidades y conflictos de intereses que tiene varios de los directores del Consorcio.
