El directorio cuyo mandato venció hace poco más de una semana habría aprobado, junto con una prórroga por 18 meses de la concesión, la utilización de fondos del Consorcio para realizar obras en instalaciones explotadas por Terminal Quequén. La decisión ya habría sido denunciada y vuelve a poner bajo cuestionamiento a exdirectores del ente portuario.

Una nueva polémica sacude a Puerto Quequén. En uno de sus últimos actos de relevancia antes del vencimiento de sus mandatos, el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén habría decidido prorrogar por otros 18 meses la explotación de Terminal Quequén y, al mismo tiempo, destinar recursos propios del ente a obras dentro de esa terminal.

El punto más controvertido es que, según la denuncia, esas inversiones corresponderían contractualmente al permisionario, mientras que los fondos utilizados provienen de tasas y tarifas que también pagan empresas que compiten con Terminal Quequén dentro del puerto.

La situación fue graficada por un funcionario municipal con una comparación sencilla: sería equivalente a que un municipio concesionara un balneario y luego, ante la falta de recursos del privado, le financiara con dinero público las carpas, sombrillas y equipamiento necesarios para explotarlo.

La decisión habría sido acompañada por todos los directores, con excepción del representante municipal, y ya habría motivado una presentación judcial por parte de empresarios que se consideran directamente perjudicados.

La denuncia pondría especial atención sobre Daniel Arce, quien integraba el directorio del Consorcio mientras ocupaba además funciones directivas en Terminal Quequén, una circunstancia que viene siendo cuestionada por un eventual conflicto de intereses.

También se cuestionaría el funcionamiento del área de control del Consorcio, bajo la órbita de Pablo Aued, por su intervención frente a decisiones que podrían comprometer recursos del ente en beneficio de un operador privado.