El Gobierno bonaerense endureció sus críticas contra la nueva concesión por 25 años de la infraestructura de navegación del Río Paraná y el Río de la Plata, adjudicada por el Gobierno nacional a Jan De Nul y Servimagnus.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró que el proceso licitatorio presenta “muchísimas irregularidades” y dejó abierta la posibilidad de que un futuro gobierno peronista revise la decisión.
“Seguramente esto es algo que un gobierno peronista deberá revisar en 2027”, afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al valor del peaje. Según Bianco, el Gobierno nacional anunció una baja del 13,5 por ciento, pero en realidad la tarifa pasaría a 3,85 dólares por tonelada, por encima del valor histórico de 3,06 dólares.
“Inflaron la tarifa para luego decir que la bajaron”, sostuvo el funcionario, quien advirtió que eso implica un aumento real del 25,8 por ciento y un costo adicional cercano a 200 millones de dólares para las exportaciones argentinas.
También cuestionó la falta de estudios ambientales, la ausencia de participación pública y un presunto direccionamiento de los pliegos.
Otro punto central fue la exclusión del Canal Magdalena, obra que permitiría una salida fluvio-marítima íntegramente argentina. “Nosotros ponemos el río Paraná y el Río de la Plata, pero los negocios los hacen otros”, afirmó Bianco.
Desde la Provincia sostienen que la concesión afecta intereses estratégicos del país y anticipan que el tema podría convertirse en una discusión central de cara a 2027.
