La administración de Javier Milei trabaja en una modificación del régimen de cabotaje que permitiría a buques extranjeros operar entre puertos argentinos con autorizaciones temporarias y beneficios arancelarios. Las empresas navieras nacionales advierten que competirían en condiciones desiguales y alertan sobre el impacto estratégico de la medida.
Después de suspender la flexibilización del practicaje tras el paro que paralizó durante dos días la actividad portuaria, el Gobierno nacional avanza con otra reforma que promete abrir un nuevo frente de conflicto en el sector marítimo.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto para modificar el régimen de cabotaje argentino, una iniciativa que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su participación en la Sociedad Rural Argentina a fines de julio.
La propuesta permitiría que buques de bandera extranjera realicen transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias.
Además, contemplaría beneficios para la incorporación de embarcaciones extranjeras de hasta 20 años de antigüedad y permitiría que inicialmente operen sin tripulación argentina.
Buques extranjeros y cambios en las tripulaciones
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en el sector es el esquema previsto para las tripulaciones.
Las embarcaciones extranjeras podrían operar durante los primeros 90 días sin personal argentino. Posteriormente comenzaría una incorporación gradual hasta alcanzar un mínimo del 75 por ciento de tripulación nacional al cumplirse un año.
Desde el Gobierno sostienen que la apertura permitiría incrementar la disponibilidad de embarcaciones, reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad logística de las economías regionales.
El proyecto todavía está en elaboración. Desde el área que conduce Sturzenegger confirmaron que “los proyectos se están trabajando”, aunque sin brindar mayores precisiones.
“Nos hace subir al ring con las manos atadas”
La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) expresó fuertes reparos frente a la iniciativa y advirtió que podría generar una competencia desigual entre operadores nacionales y extranjeros.
Su gerente general, Leonardo Abiad, cuestionó especialmente las diferencias de costos que existirían entre ambos sectores.
“Nos hace subir al ring con las manos atadas”, graficó.
Y agregó: “Necesitamos poder competir lealmente, nivelando la cancha. El proyecto va a hacer que cada buque sea un paraíso fiscal porque los primeros 90 días no paga nada”.
Desde el sector naviero también plantean que la discusión excede los costos y alcanza cuestiones estratégicas relacionadas con la disponibilidad de una marina mercante nacional.
Según datos manejados por FENA, 91 de los 136 países con costas mantienen algún tipo de reserva sobre su navegación de cabotaje.
El valor estratégico de una marina mercante nacional
Las empresas argentinas sostienen que contar con embarcaciones nacionales permite garantizar el transporte interno de insumos estratégicos frente a crisis internacionales que puedan alterar las cadenas logísticas.
Como referencia señalan el modelo de Estados Unidos, donde la denominada Ley Jones establece fuertes exigencias para el cabotaje y reserva ese mercado a embarcaciones vinculadas a la industria naval y a trabajadores estadounidenses.
La discusión aparece inmediatamente después del conflicto generado por la reforma del practicaje, que terminó obligando al Gobierno a suspender el nuevo régimen y convocar una mesa de negociación.
El antecedente del practicaje
La paralización de los puertos durante dos días dejó buques sin posibilidad de ingresar o salir y pérdidas que el sector estima en alrededor de 30 millones de dólares.
El diputado nacional Carlos Castagneto cuestionó con dureza el intento de modificación.
“Quisieron avanzar sobre la soberanía fluvial y marítima de la patria, pero chocaron contra la realidad y la organización del pueblo”, afirmó.
También sostuvo que el practicaje constituye “un área estratégica para la seguridad en la navegación, el comercio exterior y la economía nacional”.
Finalmente, el Gobierno suspendió la reforma y conformó una mesa intersectorial para elaborar un nuevo esquema junto con los actores involucrados.
Ahora, mientras todavía permanecen las consecuencias de ese conflicto, el proyecto de apertura del cabotaje anticipa una nueva discusión entre la estrategia desreguladora del Gobierno y un sector naviero nacional que reclama competir bajo las mismas condiciones y preservar el carácter estratégico de la marina mercante argentina.
