Las principales organizadoras de carreras del país anunciaron sanciones para quienes participen sin estar inscriptos o utilicen dorsales falsificados. Los infractores podrían quedar fuera de futuras competencias.

Una decisión conjunta de Ñandú, Sportsfacilities y Club de Corredores generó debate dentro de la comunidad runner: las tres empresas comenzarán a bloquear a los atletas que participen de sus pruebas sin haber abonado la inscripción correspondiente.

La medida también alcanzará a quienes utilicen dorsales falsificados o pertenecientes a otros corredores.

Según las organizadoras, el problema creció de manera significativa y en algunas competencias los participantes informales representarían hasta el 25 por ciento del total.

A partir de ahora, las empresas prevén implementar un registro común de infractores. Quien sea detectado corriendo sin inscripción podrá quedar impedido de anotarse posteriormente en pruebas organizadas por cualquiera de las tres firmas.

Los sancionados tendrán, sin embargo, una posibilidad de regularizar su situación. Para volver a participar deberán realizar una donación económica a instituciones de salud como el Hospital de Niños, el Hospital Fernández o la Fundación Garrahan.

Las organizadoras sostienen que la iniciativa no persigue un objetivo económico, sino que busca desalentar una práctica que, según advierten, también genera problemas de seguridad y organización.

Uno de los principales argumentos está relacionado con la atención médica. Los corredores que participan sin dorsal oficial no figuran en los registros del evento, lo que puede dificultar su identificación o el acceso a datos personales en caso de una emergencia.

También señalaron que ambulancias, seguros, puestos de hidratación, baños, operativos de tránsito y otros servicios se dimensionan en función de la cantidad de inscriptos.

La presencia de corredores adicionales puede además generar congestión en las zonas de largada y complicar el desarrollo de las competencias.

La decisión abrió una discusión dentro del ambiente del running. Mientras algunos participantes respaldan la sanción por considerar que protege a quienes pagan por el servicio, otros cuestionan hasta qué punto las empresas pueden controlar la participación de personas que corren por espacios públicos.