El Presidente habría reaccionado con furia al conocer el impacto económico de la pelea por el practicaje, que dejó unos 180 buques demorados y pérdidas estimadas en 300 millones de dólares. En el Gobierno evalúan congelar varias reformas impulsadas por el ministro de Desregulación.
La crisis generada por la modificación del régimen de practicaje abrió un nuevo frente interno en el Gobierno nacional y puso bajo presión al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Según trascendió desde el propio oficialismo, el presidente Javier Milei reaccionó con fuerte enojo cuando tomó dimensión de las consecuencias económicas del conflicto con los prácticos, que paralizó durante casi dos días el movimiento de buques en distintos puertos del país.
En ese lapso se habrían acumulado alrededor de 180 embarcaciones demoradas y pérdidas estimadas en unos 300 millones de dólares, con impacto sobre exportaciones del agro y de Vaca Muerta.
En el entorno presidencial circuló incluso una frase atribuida a Milei: “Lo voy a echar a patadas”.
Sin embargo, dentro del gabinete no está claro si esa expresión se traduce en una decisión concreta sobre la continuidad de Sturzenegger o si formó parte de una reacción momentánea frente a la magnitud del conflicto.
El episodio se produjo luego de que el Gobierno intentara avanzar con una reforma que flexibilizaba el practicaje. La respuesta de los profesionales fue un cese de tareas que dejó a numerosos barcos sin posibilidad de ingresar o salir de los puertos.
La reacción oficial también quedó bajo cuestionamiento. Primero se intimó a los prácticos a retomar la actividad y luego se evaluó reemplazarlos con personal de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina.
El problema fue que ninguna de las dos fuerzas contaba con una dotación suficiente de profesionales habilitados para cubrir ese servicio.
Un especialista del ámbito militar advirtió: “Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes”.
También alertó sobre un eventual problema con los seguros de los buques si las maniobras fueran realizadas por personal sin la certificación específica.
El conflicto terminó con la suspensión del nuevo régimen y la apertura de una mesa de negociación.
Pero el costo político habría sido mayor. Dentro del oficialismo comenzó a tomar fuerza la idea de frenar o revisar varias iniciativas asociadas a Sturzenegger.
Entre los proyectos que podrían quedar congelados aparecen reformas sobre la venta de medicamentos, la eventual disolución de organismos vinculados a la carne y al vino, cambios en la actividad de los martilleros, una ley de lobby y un paquete más amplio de desregulación.
“Cada proyecto es una pelea y no está el Gobierno para seguir sumando gente enojada en contra”, resumió un legislador oficialista.
También quedó afectada la agenda vinculada con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, luego de que el capítulo sobre extranjerización de tierras fuera retirado por falta de apoyo político en el Senado.
La acumulación de conflictos llevó a sectores del Gobierno a considerar que la estrategia de desregulación acelerada está generando costos políticos y económicos difíciles de sostener.
Por ahora, la continuidad de Sturzenegger no fue definida públicamente. Pero el conflicto por los prácticos dejó al ministro en una posición mucho más debilitada dentro del gabinete y abrió una discusión sobre el futuro de varias de sus reformas.
